
Una bici compartida tiene muchos escaparates. El guardabarros que se ve en un semáforo. La estación delante de una concurrida oficina. La aplicación que se consulta antes de reservar tu máquina. O, claro, cada de las propias bicicletas por toda la ciudad. Madrid acaba de ponerle precio a todo eso: 900.000 euros anuales. Esa es la aportación de imagin, marca de banca digital de CaixaBank, para patrocinar Bicimad durante dos años prorrogables a un tercero.
Según el Ayuntamiento, un acuerdo que incluye flota, estaciones, 24 vehículos de servicio, web y aplicación, además de las nuevas bicis y estaciones que se incorporen. Hay un matiz relevante al cierre de este número: la firma, prevista para las próximas semanas, separa dos bolsas de dinero, porque los 1,8 millones corresponden al patrocinio y 300.000 euros adicionales se destinarán a implantar la imagen comercial.

Para encontrar un precedente cercano basta mirar a Barcelona. En abril de 2014 la operadora de telefonía Vodafone entró en Bicing con un contrato de tres años: 1,2 millones de euros el primero y más de cuatro millones en el conjunto del periodo según Barcelona de Serveis Municipals, la empresa pública responsable.
El interés de una marca por lucirse en las avenidas más ricas y cotizadas rara vez coincide con la necesidad de transporte de un barrio obrero.
Había 6.000 bicis, el servicio pasó a llamarse Vodafone Bicing y la comparación resulta incómoda para Madrid, porque dividiendo la aportación del primer año entre la flota la capital catalana obtuvo 200 euros por bicicleta, mientras que los 900.000 euros de imagin, repartidos entre las 7.782 unidades que figuran en el dosier comercial de EMT, equivalen a unos 116. Cálculos sobre importes nominales y sin corregir la inflación, que reparten entre las bicicletas el valor de todo el paquete publicitario y sirven para poner las cifras en perspectiva pero no establecen una tarifa de mercado. Vodafone, eso sí, "compraba" el nombre del servicio, mientras que Madrid no comunica un cambio de denominación.

Entre bancos
Londres juega en otra liga publicitaria en el ámbito ciclista. La ciudad estrenó su sistema en verano de 2010, con financiación pública y Barclays como patrocinador. Oficialmente se llamaba Barclays Cycle Hire, aunque pronto fueron conocidas como “Boris Bikes” por la repercusión mediática del entonces alcalde, Boris Johnson, dejando el apodo en segundo plano tanto al banco como al anterior alcalde, Ken Livingstone, que había impulsado el proyecto. En 2015 Santander tomó el relevo del patrocinio con un compromiso de 51,07 millones de euros durante siete años: 7,30 millones de euros anuales más otros 1,17 millones al año para promocionar el servicio. La documentación de la Asamblea de Londres detallaba el alcance del cambio (11.500 bicicletas, 748 estaciones y 32 vehículos auxiliares) y el banco “compró” una presencia cotidiana y un nombre en conversaciones, mapas y noticias: Santander Cycles. La relación se renovó en septiembre de 2025 hasta 2032, sin comunicarse el importe.
El negocio será bueno para el ciudadano si ese dinero se suma al esfuerzo público y ayuda a encontrar una bicicleta disponible.
En Nueva York el nombre comercial llegó antes que las bicicletas. Otro banco, Citi, comprometió 37,72 millones de euros para cinco años y Citi Bike empezó a funcionar en mayo de 2013 con 6.000 unidades y 330 estaciones. En 2014 se acordó otro patrocinio de 64,86 millones de euros, vinculado a la expansión y con apoyo hasta 2024: el servicio alcanzó las 12.000 bicicletas en 2017. En 2023, cuando el banco anunció una nueva prolongación hasta 2034, había unas 30.000 bicis en Nueva York y localidades vecinas como Nueva Jersey, aunque el importe de esa última renovación no fue anunciado. La continuidad demuestra que la asociación interesa al banco, pero no garantizó precios accesibles: Transportation Alternatives, uno de los principales colectivos de movilidad locales, mantiene que Citi Bike es demasiado caro, denunciando que los viajes de 45 minutos rozan los tres euros.

Las aseguradoras también han encontrado sitio en las bicis compartidas de EE UU. En 2014, Blue Cross and Blue Shield of Illinois pactó con Chicago el patrocinio de Divvy comprometiéndose a pagar 11,5 millones de euros durante cinco años por un servicio que contaba con 3.000 bicicletas. Las autoridades se comprometieron a que la mayor parte de ese dinero se destinaría a ampliar red, limpiar carriles bici y mejorar señalización y protección, en "una combinación fantástica" para el director de Divvy, Ron Burke. Sin embargo, las tarifas subieron y muchos criticaron la desigualdad geográfica que supuso, ya que la expansión del servicio se centró en los barrios del centro y norte de la ciudad, más turísticos y adinerados. Pero el sistema está más activo que nunca: el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, renovó el contrato hasta 2033 con el objetivo de convertirse en la mayor red de Norteamérica, tras un récord de 6,8 millones de viajes anuales y, por cierto, un 50% de descuento en todos los trayectos con origen o destino en los barrios del sur y el oeste de la ciudad.
el contrato debe exigir transparencia total: quién recauda, cuánto queda tras comisiones y quién asume la rotulación o la ampliación de flota.
Subcontinente Naranja
En América Latina, una gigantesca marea naranja pedalea a golpe de talonario: Itaú, el banco privado más grande de Brasil y todo el subcontinente, ha convertido su logotipo en sinónimo indiscutible de movilidad urbana. La fórmula de marketing es tan masiva que sus bicis dominan el asfalto de Río de Janeiro, São Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires o Bogotá, y aunque el importe exacto se mantiene bajo un estricto secreto corporativo la escala del negocio es colosal. En 2022 el banco firmó un histórico acuerdo de renovación por diez años con Tembici, la empresa tecnológica brasileña que opera el software y la logística de las mayores redes de micromovilidad en América Latina, que tras registrar un crecimiento de uso superior al 400% inyectó el capital necesario para expandir su flota en un 50% hasta alcanzar las 20.200 bicicletas con un agresivo despliegue de más de 5.000 eléctricas. Y no, no hablamos solo de publicidad o filantropía verde, sino de un negocio redondo donde la mitad de los ingresos procede directamente de los bolsillos de más de tres millones de usuarios activos, consolidando un flujo de caja envidiable para el operador.

Sin embargo, ese éxito comercial esconde una feroz batalla. Una incisiva investigación del periodista Rafael Balago para la agencia Folhapress destapó las costuras del sistema, criticando la asfixiante concentración de estaciones en los barrios más acomodados frente al olvido crónico de las periferias. Tembici contraatacó con un argumento de peso: el 70% de sus ciclistas no vive donde se ubican los anclajes, y demostró que la red central funciona como un cordón umbilical para los trabajadores que llegan diariamente desde los suburbios. A pesar de ello, la lección económica y política para cualquier ayuntamiento es meridiana: el interés de una marca por lucirse en las avenidas más ricas y cotizadas rara vez coincidirá con la necesidad de transporte de un barrio obrero, por lo que deberán elegir entre blindar la movilidad social o ceder el espacio urbano al mejor postor publicitario.
El precio de Madrid
Con todos estos precedentes, la simple valoración económica del anuncio de Bicimad podría ser favorable, pero hay que ser exigentes. Ingresar 900.000 euros anuales y que el patrocinador abone la rotulación puede aliviar cuentas, y el plazo de dos años permite revisar relativamente pronto la relación. Pero la oferta coincide con el mínimo económico que había fijado EMT, y la cesión abarca un amplio conjunto de espacios: al no aún detalles del contrato definitivo no podemos afirmar que se haya obtenido el mejor precio posible, aunque sí un ingreso útil y aparentemente modesto frente a otros precedentes.

Para los ayuntamientos que estudien una operación similar, multiplicar o dividir su número de bicis por lo que cobran otras ciudades es evidentemente un punto de partida insuficiente: también importan los viajes realizados, dónde están las estaciones, qué público las utiliza, cuántos meses funciona el servicio o la cesión de nombre o datos de los usuarios. Una flota pequeña con mucho uso puede ofrecer más exposición que otra mayor que apenas se mueve, por lo que lo razonable es valorar el conjunto, saber cuánto quedará después de los gastos y acordar cómo se revisará la aportación si crece el servicio. En definitiva, el negocio será bueno para el ciudadano si ese dinero se suma al esfuerzo público y ayuda a encontrar una bicicleta disponible, devolverla sin dar rodeos y en el lugar adecuado, tener una experiencia perfecta y pagar una tarifa razonable: esa fórmula, probablemente, importe bastante más que el tamaño (y euros) de un logotipo.
Una flota pequeña con mucho uso puede ofrecer más exposición que otra mayor que apenas se mueve.
El gigante mexicano
El sistema Ecobici, respaldado por un patrocinio del banco HSBC hasta 2028, funciona en Ciudad de México y con más de 9.300 bicicletas, 689 estaciones y más de 113 millones de viajes totales, se ha consolidado como la mayor red de micromovilidad en América Latina. Sin embargo, la transición hacia una administración privada ha generado descontento social por fallos operativos, escasez de mejoras y estaciones vacías, lo que ha reducido la demanda a unos 117.000 usuarios activos y derivado en multas gubernamentales. Pese a todo la concesión fue recientemente extendida hasta 2036 con el compromiso de ampliar la flota a 15.000 unidades.
Pago "en especie": el modelo publicitario de JCDecaux
Vélib’, el sistema de París, nació en 2007 y su fórmula de financiación, cediendo el mobiliario publicitario urbano mediante la filial Cyclocity de JCDecaux, se ha replicado con fuerza en ciudades como Lyon, Bruselas, Viena o las españolas Sevilla (Sevici, 2007) y Valencia (Valenbisi, 2010).

En el caso de España se firmaron contratos a veinte años donde el coste presupuestario directo fue cero a cambio de entregar cientos de mupis comerciales: aunque políticamente se vende como un servicio gratuito para las arcas municipales, el ayuntamiento paga renunciando a millones de euros en ingresos publicitarios directos que deja de percibir.
Para los concejales de movilidad, la regla de oro es blindar el control público de las tarifas, las estaciones y la calidad previniendo una posible 'espantada' del patrocinador.
Blindaje institucional: antes de firmar
El contrato debe exigir transparencia total: quién recauda, cuánto dinero queda tras comisiones y quién asume la rotulación o la ampliación de flota. Para los concejales de movilidad, la regla de oro es blindar el control público de las tarifas, las estaciones y la calidad previniendo una posible "espantada" del patrocinador. No es un riesgo teórico: en 2019 la Bahía de San Francisco vio cómo su red Ford GoBike pasaba a llamarse Bay Wheels de la noche a la mañana porque Lyft compró a la operadora y fulminó el acuerdo con la automotriz. Las bicicletas siguieron rodando porque la ciudad tenía un plan de contingencia corporativo: pactar el rescate del servicio ante un cambio de estrategia empresarial puede suponer la diferencia entre el éxito y el colapso del sistema.
