La bicicleta no sólo beneficia a quien a ella se sube: también a toda la sociedad. Es la principal conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad de Sevilla, publicado en la revista Land Use Policy y del que se hace eco* El Diario de Sevilla.*
Según el citado estudio, la infraestructura ciclista que se empezó a construir en la ciudad en el año 2006 traerá consigo un beneficio socioecónomico de 550 millones de euros durante los 25 años siguientes a su construcción. La rentabilidad social de la inversión pública realizada es del 130%.
“La promoción de la bicicleta ha sido sin duda la política más intensa vista en Sevilla en el siglo XXI en lo que se refiere al uso de terrenos públicos”, asegura el catedrático de Economía José Ignacio Castillo, autor principal del estudio. “Estamos hablando de una tasa de rentabilidad social extraordinaria, frente a lo que se ha obtenido en inversiones en infraestructuras de transporte en general, y urbano en particular, en la historia reciente de nuestro país”.
Ruido, congestión, promoción…
Para los responsables del estudio, el beneficio de las inversiones en movilidad ciclista “se ha subestimado”, ya que el análisis realizado ha sido “muy conservador” y, en realidad, la rentabilidad sería “mayor”, ya que no se han tenido en cuenta otros “claros beneficios” para la ciudad como la reducción en sus niveles de ruido y congestión o los asociados a la campaña de promoción nacional e internacional que ha dado la bicicleta a la ciudad, o su publicidad en medios como la CNN o el periódico The Guardian.
La red ciclista de Sevilla cuenta hoy con 180 kilómetros, a los que hay que añadir el espacio que ocupan las 260 estaciones de bicicletas públicas de Sevici y los diferentes parkings para bicicletas que se han ido construyendo en la ciudad. Este “importante” consumo de suelo público suele ser el germen de una alta conflictividad social y sólo un retorno social positivo justificaría acometer las inversiones en infraestructuras ciclistas, según el profesor. Los trabajos como éste, que estima los retornos socioeconómicos de la construcción de la red sevillana, “sirven para ver que no se está tirando el dinero público”, apunta.
El estudio se ha basado en 1.900 encuestas realizadas a ciclistas, y se ha prolongado durante unos ocho meses. El dinero para su realización proceden el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea (UE) y la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Se trata de la primera vez que se realiza una evaluación económica a largo plazo sobre la adopción de estas políticas por parte de una ciudad española.