Podría sonar a alarmismo, pero los datos están ahí, y hablan por sí solos: según el estudio hecho público por Ecologistas en Acción, 44,8 millones de personas respiraron aire contaminado en España durante el pasado 2013. Esto supone un abrumador 95% de la población expuesta a niveles considerados nocivos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El dato sorprende, de entrada, porque existe la creencia de que la contaminación afecta exclusivamente a las áreas urbanas. No es así: la práctica totalidad de la Península soporta niveles de contaminación elevados, según ha hecho desvelado el estudio.
Ese 95% desciende a un mero 36% si, en vez de tomar como referencia lo que la OMS considera un nivel de contaminación inaceptable, se parte de los baremos que marca la Unión Europea, mucho más laxos. “La UE utiliza un límite mucho menor para que los datos no generen una situación de alarma”, apuntó Mariano González, coordinador del informe, en la presentación del mismo.
La contaminación provoca 20.000 fallecimientos prematuros en España, ocho veces más que los accidentes de tráfico
Para Ecologistas en Acción hay motivos para pensar que nos encontramos ante una situación límite: “las autoridades sanitarias ya ha advertido que se han registrado cerca de 20.000 fallecimientos prematuros en España debido a la contaminación atmosférica, lo que supone ocho veces más que las muertes por accidentes de tráfico”, explicó González. Los contaminantes más peligrosos para salud, y que están presentes en el aire que respiramos, son las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO3).
Un cambio de modelo
La mayor parte de todos estos contaminantes proceden del tráfico rodado, las centrales térmicas, la actividad industrial y el tráfico marítimo. Por ello, y según los responsables del estudio, es necesario y urgente un giro de 180 grados en nuestro modelo. Ya no sólo por una cuestión de salud pública, sino también económica: según un estudio del Observatorio de Sostenibilidad en España (OSE), los costes derivados de los altos niveles de contaminación (sanidad, bajas laborales, daños en el patrimonio histórico y en los cultivos…) suponen una pérdida del 4,7% del PIB. “El Gobierno no invierte en solucionar este problema alegando que es costoso y no hay inversión. Sin embargo, deberían contrastarlo con estos datos”, explicó González.
De manera muy especial, es urgente un cambio en lo que se refiere a las políticas de movilidad. González puso como ejemplo otros países europeos en los que sí parecen haber tomado conciencia del problema y, en concreto, a ciudades como Hamburgo, donde se ha decidido declarar una guerra al vehículo privado, o Tallín, donde las autoridades han decidido que el transporte público sea gratuito para desincentivar el uso del coche. El uso masivo de la bicicleta se presenta, una vez más, como buena parte de la solución.