¿Cuántas veces habremos pedaleado detrás de alguno de esos 683.626 vehículos? ¿Cuántos ciclistas enfermarán por culpa del monumental fraude cometido?
Nos han acusado de todo: de modernos y de antiguos, de hipsters (¿alguien sabe qué significa esa palabra?), de ecologistas de pacotilla. Nos han insultado por ir rápido (por las aceras), por ir despacio (por la calzada). Nos han acusado de provocar atascos, nos han reprochado ser los nuevos niños bonitos de las administraciones públicas por un puñado de kilómetros de carriles bici o por unos cuantos aparcabicis donde atar nuestras monturas.
Movernos en bicicleta no nos eleva a los altares ni nos sitúa en un plano moral superior. Nos movemos en bicicleta, primero, por nuestro propio interés. Porque es divertido, porque es barato. Porque es sano. Pero en mi caso, y probablemente en el tuyo, nos movemos en bicicleta por mucho más. Porque soñamos, porque queremos, un presente y un futuro más sostenible, humano, racional.
Masacrados y atropellados en las carreteras. Amenazados e intimidados en las ciudades. Y ahora, sólo en España, envenenados silenciosa y sistemáticamente por 683.626 coches.
¿Hay algún abogado en la sala? Ante la previsible y escandalosa parálisis de las administraciones públicas… ¿Es posible plantear una demanda colectiva que les haga pagar por lo ocurrido?
Los afectados, las víctimas, no son sólo los clientes que compraron engañados sus coches (y que, por cierto, no pagaron impuesto de matriculación por adquirir un vehículo “limpio”). También lo somos los peatones, los ciclistas, los ciudadanos que además de tragarnos su humo hemos sido acosados por no unirnos a sus venenosos hábitos. No queremos tener cáncer por su culpa. No queremos volver a tragar su humo mentiroso. No queremos que esos coches fraudulentos recorran ni un kilómetro más.
Queremos que nos compensen por todo lo sucedido. Y queremos que lo hagan con un dinero que, por ejemplo, se destine a fomentar formas de movilidad sostenible.
¿Es posible? ¿Hay algún abogado en la sala?