Las víctimas de accidentes de tráfico quieren jugar un papel activo en la reciente batalla por la imposición o no del casco obligatorio para ciclistas en vías urbanas. Durante su comparecencia en la comisión del Congreso de ayer, la presidenta de la Asociación Catalana de Víctimas de Accidente de Tráfico P(A)T-AP(A)T, María Eugenia Domenech, se mostró firme partidaria de la imposición. A pesar de que reconoció que en el resto de países de nuestro entorno no existe tal obligatoriedad, se preguntó por qué España no puede “ser pionera” en materia de seguridad vial. Eso sí, Domenech se mostró a favor de un periodo de adaptación, que cifró en dos años, desde que se apruebe el reglamento hasta que se imponga de forma obligatoria, lo que vendría bien “no solo a los ciclistas, sino también a las empresas de alquiler”.
Por su parte, el director de la Fundación RACC, Miquel Nadal, ha apuntado la posibilidad de que la imposición del casco tenga un efecto desincentivador en el uso de la bici y ha recordado que España está a la cola de los países europeos en porcentaje de usuarios de este medio de transporte.
Julio Laria, director del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, apoyó sus tesis favorables a la imposición en unos datos que reflejan que la mitad de los fallecidos en bicicleta murió a consecuencia de traumatismos craneoencefálicos.