El gobierno francés ha decidido tomarse muy en serio la proliferación de bicicletas eléctricas modificadas para que alcancen velocidades mayores a los 25 km/h permitidos o los 45 en el caso de las denominadas speed e-bikes, algo que también preocupa en España.
La nueva ley, que acaba de entrar en vigor, contempla multas que alcanzan los 30.000 euros para los particulares, minoristas o fabricantes que aumenten la potencia del motor. También, retiradas del carnet de conducir durante tres años y la inmovilización de la bicicleta eléctrica hasta que vuelva a estar en conformidad con la normativa vigente. Las penas pueden, incluso, llegar a dos años de prisión en el caso de los profesionales que “fabrican, importan, exportan, venden, alquilan o fomentan” el uso de sistemas de modificaciones ilegales, tal y como recoge la disposición legal L317-1.
Pese a todas las nuevas disposiciones legales, y según denuncia la web bike.eu, la nueva ley “ignora un punto muy importante: ¿Cómo detectan las autoridades las bicicletas eléctricas sospechosas y las comprueban en busca de manipulación?” La ley contempla que han de ser los agentes de policía los encargados de hacer cumplir la ley, algo que no parece sencillo más allá de que se produzcan “algunos controles aleatorios en grandes ciudades como París o Lyon”, apunta.
Desde AMBE, la Asociación de Marcas de Bicicletas de España, su secretario general, Carlos Núñez, recuerda que la Asociación “está trabajando junto a CONEBI en difundir la grave responsabilidad que supone trucar bicicletas de pedaleo asistido, puesto que supone convertir una bicicleta, a todos los efectos legales, en un vehículo a motor: matrícula, permiso de conducir ciclomotores, uso obligatorio de casco de ciclomotor y seguro obligatorio”, explica a Ciclosfera. “Creemos que mediadas como las aprobadas en Francia van en la línea correcta, y así se lo hemos hecho saber a las autoridades de control (industria, DGT, consumo, etc). Además, hay que concienciar al usuario de los posibles resultados (incluso pena de cárcel) si provoca un accidente con resultados graves, por ejemplo para un peatón, al haberlo hecho sobre un vehículo a motor, lo que puede constituir un delito contra la seguridad vial”, recuerda.
Bosch, contra el ‘tunning’
La nueva ley francesa se enmarca en toda una serie de medidas tomadas en varios países europeos para evitar el trucaje de bicicletas eléctricas. De hecho, el mayor fabricante de unidades de bicicletas eléctricas, Bosch eBike Systems, también ha tomado medidas. En junio de 2019 anunció que sus unidades MY 2020 incluyen funciones antitune como parte del software que evitam cualquier cambio de configuración. Según Bosch, “esta mejora del sistema responde a un requisito incluido en la norma europea actual (EN 15194: 2017) para bicicletas con motor eléctrico”.
“Bosch eBike Systems está luchando de forma persistente contra la manipulación de bicicletas” declaró el CEO de la compañía alemana, Claus Fleischer. “Para nosotros es importante que las bicicletas eléctricas de 25 km/h continúen siendo clasificadas como bicicletas en el futuro. Debemos proteger y preservar este estado para que los ciclistas puedan seguir disfrutando del soporte eléctrico”.