Coincidiendo con la recta final de la elaboración del Plan Nacional que España debe presentar ante Bruselas, el sector de la bicicleta compartida se ha unido para lanzar un mensaje claro al Gobierno: la bici pública debe estar en el Fondo Social para el Clima.
Catorce entidades, que representan prácticamente el 100% del sector en España, han firmado por primera vez un manifiesto conjunto para solicitar que la bicicleta compartida sea considerada como uno de los pilares de la movilidad sostenible y justa en nuestro país. Un mensaje respaldado por datos: España cuenta con tres veces menos bicicletas compartidas por cada 10.000 habitantes que Países Bajos o Dinamarca, y la mitad que Francia.
El Fondo Social para el Clima (SCF, por sus siglas en inglés) está dotado con más de 87.000 millones de euros para el periodo 2026-2032, de los cuales España podría recibir más de 9.200 millones. El objetivo: ayudar a la ciudadanía a afrontar los costes de la transición ecológica, incluyendo el acceso a una movilidad limpia, accesible y asequible.
“La bicicleta compartida no es anecdótica: es una pieza clave del presente y futuro de la movilidad urbana”, afirma Jesús Freire, secretario general de AMBE y también portavoz del manifiesto. “Reduce emisiones, genera empleo local y garantiza un acceso más equitativo a la movilidad sostenible”.
Principales líneas
El manifiesto propone cinco grandes líneas de actuación: Bono social de transporte aplicable a la bicicleta compartida y creación de tarifas sociales para personas con bajos ingresos; Expansión y electrificación de los sistemas actuales, con más estaciones y bicicletas eléctricas; Extensión del servicio a municipios medianos y pequeños, con esquemas de financiación mixta; Programa de micro subvenciones para áreas de baja densidad o con difícil acceso; Fomento de la intermodalidad, integrando la bici compartida con trenes, metros o autobuses.
“La bicicleta compartida no es anecdótica: es una pieza clave del presente y futuro de la movilidad urbana, reduce emisiones, genera empleo local y garantiza un acceso más equitativo a la movilidad sostenible” (Jesús Freire, AMBE)
Además, el sector reclama una nueva definición de pobreza en el transporte, que no se limite a los ingresos económicos, sino que tenga en cuenta factores como la accesibilidad o el tiempo de desplazamiento, especialmente en zonas rurales y periféricas.
Las entidades
La agrupación resulta, realmente, histórica: AMBE, Bird, Bolt, Cooltra, Donkey Republic, Dott, Fifteen, Inurba Mobility, Lime, Movus, Nextbike, Ridemovi, Serveo y Voi.
Todas ellas se han puesto de acuerdo para la redacción del manifiesto y el establecimiento de unos objetivos claros que, de conseguirse, generarán unos beneficios muy concretos que también han sido identificados.
Objetivos y beneficios
Si se aplican estas medidas, el impacto sería significativo: Aumento del número de bicicletas compartidas hasta 100.000 en 2030; Reducción de al menos 200.000 toneladas de CO₂ anuales; Disminución del uso del coche privado en un 10% en zonas urbanas; Creación de más de 5.000 empleos en el sector de la movilidad sostenible.