Una situación absurda, considerando que este tipo de remolques se venden en España, son usados de manera masiva en otros países y que, además, serían una magnífica forma de fomentar el uso de la bicicleta en el ámbito familiar. Por todo eso, la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados ha apoyado por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a cambiar el mencionado Reglamento General de Circulación para, lo antes posible, permitir transportar niños en este tipo de remolques en la calzada.
El Reglamento a cambiar lo deja claro: en ningún caso deben transportarse personas en un vehículo remolcado por una bicicleta
En el artículo 12 de dicho reglamento (Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas), se dice lo siguiente: “Las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes condiciones: Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad, que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10% (…) y que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado”.
La iniciativa la defendió en primer momento Esquerra Republicana (ERC), que entre otras alegaciones ha explicado que el uso de estos dispositivos es muy común en otros países. Mientras, en España no lo permite el Reglamento General de Circulación, algo que como explica ERC se opone al propósito de facilitar la movilidad sostenible y reducir al máximo las emisiones de gases contaminantes.
Otras dos iniciativas, estas presentadas por PSOE y En Marea pero apoyadas por todas las formaciones, se han unido para pedir al Gobierno a elaborar un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta. Como explica Europa Press, la lista de peticiones incluye “hacer de la Mesa Nacional de la Bicicleta un organismo asesor; impulsar campañas de concienciación y promover, ante los organismos correspondientes (ADIF y Rente, entre otros), y ante las diferentes administraciones con competencia en la materia, la adopción de acuerdos y la aplicación de las medidas necesarias para garantizar las condiciones que permitan la intermodalidad de la bicicleta con el sistema de transportes, especialmente con el ferroviario”.