“Somos una Red de CicloJuristas, constituida en la primavera de 2012 y formada por abogados, profesores de Universidad, letrados del Tribunal Constitucional y letrados de las Cortes Generales y de Parlamentos Autonómicos interesados en la promoción de la bicicleta como medio de desplazamiento urbano e interurbano”.
Así se presenta esta plataforma, que pretende responder legalmente a las dudas o consultas que las instituciones o las organizaciones sin ánimo de lucro les presentan sobre el uso de la bicicleta.
Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y Mariano Reaño, abogado de Palma de Mallorca, presentaron públicamente su iniciativa, por primera vez, ante la Asamblea Nacional de Con Bici, reunida hace una semana en Burgos (donde se debatió, entre otras cosas, la Ley de Tráfico y la Reforma del Reglamento General de Circulación que todavía no se ha puesto en marcha todavía debido al cambio de poder político).
Respuestas y posibles reformas
Según Bastida, falta una seria toma de conciencia: “El problema es que nuestros legisladores no montan en bicicleta”, afirma. De ahí que reclamen una “discriminación positiva” para ésta, desde una posición, eso sí, que se define como “neutral y técnica”, pero que tiene como objetivo trabajar conjuntamente con los políticos sirviéndoles de apoyo a la hora de plantear, aprobar, y reformar las normas.
“La problemática jurídica de la bicicleta es transversal”
Entre sus iniciativas: asesorar a la DGT, a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso o a las ONG sobre todo tipo de dudas que pudieran en surgir en torno a los temas jurídicos relacionados con la bici; desde problemas tan concretos como no poder subirla en el ascensor (debido a que la comunidad lo prohíbe), o más generales, como el controvertido debate sobre la obligatoriedad del casco o el trato jurídico respecto del robo.
Porque, según afirman, “la problemática jurídica de la bicicleta es transversal. Afecta sobremanera al derecho administrativo —tanto en su vertiente más común de seguridad vial, como en la de planificación urbanística: acondicionamiento de los edificios, alquiler de bicicletas públicas, etc—, pero también al derecho civil y mercantil—responsabilidad y seguros— o al derecho penal —sustracción de vehículos que no son de motor, imprudencias, delito de lesiones, etc.