Ambos colectivos han denunciado la derogación de la falta de imprudencia leve del antiguo art. 621 del Código Penal llevada a cabo el 1 de julio de 2015, que permite archivar causas penales por accidentes de circulación en los que las que las víctimas proceden a formular denuncia expresa contra el responsable del mismo por sufrir lesiones y daños personales de consideración.
Según ciclistas y víctimas, varios juzgados están archivando la causa penal porque “los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna”, por lo que las víctimas se ven abocadas a acudir a la vía civil para efectuar reclamaciones a las aseguradoras.
Varios jueces archivan procedimientos sin constatar la dinámica del accidente y la gravedad de las imprudencias
En determinados casos se han archivado los procedimientos sin que el juzgado haya reclamado atestado policial de investigación del accidente, sin constatar la dinámica del accidente y la gravedad de la imprudencia cometida, lo que en la práctica supone prejuzgar el carácter leve de la imprudencia.
Además, se deja en estos casos de verificar el estado lesional de la víctima, y todo ello por el mero hecho de tratarse de una denuncia por accidente de circulación.
Con la reforma del Código Penal, se deja en manos de los jueces de Instrucción la decisión de no investigar los accidentes de circulación, de no valorar las lesiones y las secuelas de las personas, así como de dejar de tasar los daños materiales.
Las víctimas deben reclamar por vía civil, más gravosa y costosa que la penal
La nueva situación obliga a las víctimas a reclamar a las aseguradoras las indemnizaciones que les correspondieran por la vía civil, mucho más gravosa y costosa que la penal. “Han de costearse los peritos para acreditar la dinámica del accidente que, además, no tienen el carácter de agentes de la autoridad con presunción de veracidad. No podrán disponer de forenses que les evalúe lesiones y secuelas debiendo costearse peritos valoradores de daño personal, así como peritos tasadores de los daños materiales. Además corren con el riesgo de ser condenados en costas, las cuales son de una altísima cuantía, si las pretensiones no son estimadas en sentencia”, explican ambos colectivos en el comunicado común.
Francisco Canes, presidente de DIA, ha solicitado una reunión “con el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas, para abordar esta preocupante situación en la que se encuentran las víctimas de tráfico. Después de sufrir las graves consecuencias y secuelas que suponen un siniestro de tráfico, se ven arrastradas por un Código Penal que no las ha tenido en cuenta’.