Fue una de las movilizaciones ciclistas más numerosas de los últimos tiempos en Galicia, y también una de las más simbólicas. Más de 700 personas marcharon este domingo sobre sus bicicletas en las ciudades de Monte Castrove y Pontevedra para reclamar su derecho a montar en bicicleta por el monte sin tener que poner en riesgo su vida por culpa de las trampas que algunos salvajes colocan en el monte. Especialmente significativa fue la presencia, en Pontevedra, de Diego González, el joven de Vigo que hace poco más de un año sufrió un grave accidente que le dejó paralítico tras impactar con una piedra en el Monte Alba (Valladares), por culpa de una de estas trampas.
En el manifiesto, los participantes en ambas concentraciones subrayaron que «un acto criminal nunca es justificable» y que no van a aceptar que se pongan en peligro sus vidas por hacer uso de un vehículo “sostenible, ecológico y saludable”. Del mismo modo, reivindicaron el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar del monte, ya sean senderistas, buscadores de setas o simplemente paseantes.
Lo que parecía un incontestable ejercicio de sentido común ha encontrado, sin embargo, respuesta inmediata por parte de los titulares de los terrenos, los comuneros. La Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común y la Unión de Tecores de Galicia han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que “utilizar el monte y las zonas rurales sin la autorización de los dueños es una invasión y un acto de ocupación ilegal”.
Aunque los comuneros critican la presencia de estas trampas, para ellos el problema es la presencia “masiva” de ciclistas y senderistas en el monte, lo que puede acarrear “daños en el ecosistema”. En su opinión, el uso del monte no sólo tiene que estar regulado, sino también “autorizado por los dueños de las tierras”, como ocurre con actividades como “las explotaciones de ganado o la caza”. Para ellos, los montes “no son públicos ni privados, sino propiedad colectiva, por lo tanto comunitarios”, por lo que su propiedad le corresponde, “única y exclusivamente” a los comuneros de un determinado lugar, “los únicos que tienen potestad para decidir sobre estas tierras”.