Cultura ciclista

Suiza aprueba en referéndum incorporar la bici a su Constitución

Los suizos han votado masivamente a favor de una medida que apoyaban los principales partidos políticos.

En Suiza, a partir de ahora, invocar a la Constitución para defender la bicicleta es posible. Los ciudadanos de ese país aprobaron este domingo por referéndum incorporar la bicicleta a su carta magna, con el objetivo de que su desarrollo sea igual de importante que el de las vías y los senderos para peatones.

El cambio en la Constitución, votado este domingo, fue aprobado con un abrumador 72% de los votos a favor. La clave hay que buscarla, entre otras cosas, en el apoyo sin fisuras de las principales formaciones políticas, así como la promoción del sí por parte de las asociaciones de defensa del medioambiente.

Según sus impulsores, la incorporación de la bicicleta a la Constitución será clave para mejorar de la red de vías ciclistas del país, al tiempo que contribuirá a la mayor seguridad de los ciclistas y a disminuir el tráfico, además de tener efectos positivos sobre la salud, el medio ambiente y el turismo. En función de esta decisión, el Gobierno suizo podrá desarrollar estándares nacionales y suministrar geodatos para mapas y aplicaciones móviles. En tanto, la planificación, construcción y mantenimiento de las vías ciclistas a continuará siendo responsabilidad de las autoridades locales.

Rechazo de la soberanía alimentaria

El sí a la incorporación de la bicicleta a la Constitución no fue lo único que votaron los suizos en referéndum. En la misma jornada, rechazaron de manera clara sendas iniciativas relacionadas con la agricultura y la alimentación. La primera buscaba favorecer el comercio de alimentos producidos localmente y de temporada, así como alentar condiciones de trabajo justas y reducir el desperdicio de alimentos: fue rechazada por un 63% de votantes.

La segunda iniciativa, llamada ‘Por la soberanía alimentaria’ recibió un 70% de votos en contra. Su propósito era obligar al gobierno a adoptar una política agrícola favorable a una producción sostenible, ecológica y social, lo que hubiese requerido de una importante intervención estatal para restringir la importación de alimentos a través de aranceles, cuotas o prohibiendo la entrada de ciertos productos, incluidos los genéticamente modificados.