Ciudades

La Defensora del Pueblo de Barcelona indigna al colectivo ciclista

María Asunción Vilà Planas, Sindica de Greuges (Defensora del Pueblo) de Barcelona, abogó por un seguro y matriculación obligatorios para los ciclistas.

Las recientes palabras de la Defensora del Pueblo de Barcelona han puesto en pie de guerra a los ciclistas de la capital catalana, pero también a los del resto del Estado. María Asunción Vilà Planas considera que “los ciclistas tienen que disponer de un seguro obligatorio a terceros”, y se mostró partidaria de “reimplantar las matrículas en las bicicletas para facilitar su identificación”.

Las reacciones no han tardado en llegar. Ayer, en el Plenario del Pacte de la Mobilitat del Ajuntamiento de Barcelona, Amics de la Bici, grupo miembro de ConBici, pidió oficialmente que el Pacte y el Ayuntamiento se posicionen oficialmente en contra de las medidas propuestas para implementar tasas, matrículas y seguros obligatorios a los ciclistas. En contestación a la propuesta, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que se reunirá con Vilà Planas este viernes.

Desde Conbici, sus portavoces se muestran preocupados por el hecho de que dichas declaraciones se hayan hecho “no a nivel personal, sino en su calidad de Síndica de Greuges de Barcelona, es decir, con carácter institucional y utilizando para ello la web de la institución”. Asimismo, denuncian que, antes de hacer tales declaraciones*, “no se haya reunido con las asociaciones* mas representativas de los ciclistas urbanos a nivel estatal, entre las que no dudamos en incluirnos, así como a la Mesa Española de la Bicicleta o a la Red de Ciudades por la Bicicleta, que sin duda algo tendríamos que decir al respecto”.

Frente al alarmismo, propuestas

En consecuencia, desde Conbici solicitan “una reunión urgente” para manifestarle sus opiniones al respecto. Una reunión en la que, entre otras cosas, pondrán encima de la mesa las siguientes cuestiones:

1.- Que el aumento de accidentalidad ciclista leve en muchas ciudades españolas es la consecuencia lógica del aumento del uso de la bicicleta, que consideramos una buena noticia por sus efectos beneficiosos para el medio ambiente y la salud.

2.- Que las cifras absolutas de accidentalidad ciclista en las que se basa su opinión, no son significativas ni deben crear alarma social per se. Lo relevante es el riesgo de ir en bici, es decir, la razón entre el número de accidentes y el número de ciclistas. Y los datos de que disponemos en otras ciudades españolas, como Sevilla, indican que el riesgo de ir en bicicleta está disminuyendo en paralelo al aumento del uso de la bicicleta.

3.- Por tanto, si el uso de la bicicleta está aumentando, con sus consecuencias positivas para el medio ambiente y la salud pública, y el riesgo de ir en bici está disminuyendo. ¿Dónde está el problema? ¿A qué viene tanta alarma?

4.- En todo caso, no parece que el mero hecho de obligar a los ciclistas a contratar un seguro de responsabilidad civil ante terceros o a llevar una matrícula contribuya per se a reducir la accidentalidad ciclista.

5.- En cuanto a la obligación de matricular las bicicletas, ConBici está radicalmente en contra de resucitar esta medida de control, recuerdo de la España franquista en la que se implantó, por su carácter puramente recaudatorio y desincentivador del uso de la bicicleta. Por el contrario, proponemos el desarrollo de los sistemas de registro voluntario de bicicletas que defiende la Red de Ciudades por la Bicicleta y que ya están operativos en ciudades como Valencia, Sevilla, etc.

6.- En cuanto al seguro de responsabilidad civil obligatorio, recordamos que la bicicleta queda por definición, en tanto que vehículo carente de motor, exenta de la obligación legal de suscribir dicho seguro, que en todos los países del mundo queda limitada a los vehículos a motor. Ello es así en función del mucho menor riesgo (por su mucha menor potencia y velocidad) que la circulación de bicicletas implica para terceros por comparación a la circulación de vehículos a motor. Extender a la bicicleta dicha obligación abriría la puerta a una serie de actuaciones arbitrarias y carentes de precedente en la UE, a mayor beneficio de las empresas aseguradoras.