La impunidad es una de peores cosas que pueden producirse tras una injusticia. El pasado 7 de mayo de 2017, Mavi S.V. arrolló a un pelotón formado por seis ciclistas en la carretera N-332, que une las localidades valencianas de Dénia y Oliva. Tres de ellos murieron, dos en el acto, y la conductora dio positivo en alcohol y drogas. Además, tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas y por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que le supuso la retirada del carné en 2013. Al día siguiente el juez dictó prisión comunicada y sin fianza.
Un año después, la joven ha sido puesta en libertad bajo una fianza de 7.000 euros, a la espera de juicio. Además, tendrá que comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado. El juez del juzgado número 2 de Gandia, que instruye el caso, decretó el pasado viernes un auto en este sentido siguiendo instrucciones de la Audiencia Provincial de València, que a su vez estimó el recurso presentado por el abogado de la conductora.
Tras reunir el dinero y presentar los avales correspondientes, la acusada salió el sábado del centro penitenciario de Picassent. Todo apunta a que el juicio se demorará, ya que todavía el juez está esperando los informes forenses de los heridos, antes de pasar el expediente al fiscal.
Indignación y descrédito
La puesta en libertad de la conductora ha generado una oleada de indignación entre los familiares y amigos de los ciclistas fallecidos. «Las familias no ven lógico que esté fuera de la prisión, el sentimiento es de indignación y de descrédito hacia la Justicia», se lamentó a preguntas del periódico levante-emv.com Óscar Antón, abogado que representa a dos de los perjudicados, Andrés Contreras y Scott Gordon, así como a la acusación particular de los familiares del padre de Contreras, uno de los fallecidos.
La defensa de la joven ha intentado en varias ocasiones su puesta en libertad con cargos al tratarse de un homicidio imprudente, mientras que los letrados de los familiares se han opuesto sistemáticamente argumentando alarma social, acumulación de delitos y posible reincidencia, aunque finalmente se ha impuesto el criterio de la Audiencia Provincial.