Barcelona amanecía el pasado viernes con centenares de bicicletas de empresas de alquiler turístico inmovilizadas con candados y con diversos daños en las calles de la ciudad.
Horas más tarde, Pere Casas debutó como concejal de la CUP por Barcelona —en sustitución de María José Lecha— y entregó en el pleno las llaves de los candados. El momento elegido por Casas fue la proposición que realizó el PP para promover acciones legales contra los autores de ataques a objetivos turísticos. Los populares se referían a las acciones de protesta que el colectivo Arran —vinculado a la CUP— ha realizado este año, y el pasado, contra autobuses turísticos.
“No es turismofobia, es lucha de clases”, han argumentado los responsables
Casas, en el pleno, mostró una bolsa llena de llaves y aseguró que se trataba de una “iniciativa simbólica que han hecho vecinas de la ciudad para protestar por el abuso de los aparcamientos públicos por parte de los servicios turísticos de alquiler de bicicletas”. El recién nombrado concejal concluyó: “Quizás porque el sector no está regulado o porque se han hecho amos de la ciudad en detrimento de las vecinas”. Casas denuncio que con la proliferación de estos alquileres los vecinos “no tienen donde aparcar… No es turismofobia, es lucha de clases”.
La CUP fue la única formación que ha votado en contra de la proposición de los populares que que se aprobó con los votos a favor del PDeCAT, C’s, PSC y PP y la abstención de BComú, ERC y los concejales no adscritos Juanjo Puigcorbé y Gerard Ardanuy.
Por su parte, el responsable de Donkey Republic —una de las empresas de alquiler de bicicletas saboteada—, Allard Kalverkamp, exigió que el Consistorio actúe. El portavoz de la empresa asegura que los actos vandálicos contra sus bicicletas son diarios desde hace dos años y “la Guardia Urbana no hace nada”. Kalverkamp quiso destacar que estas bicicletas no son usadas sólo por turistas, ya que, según afirmó, existen abonos para usuarios locales.