Los ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real han aprobado por unanimidad instar al Ministerio de Fomento a la creación de una vía reservada para ciclistas y peatones en el puente José León de Carranza, uno de los dos viaductos que conectan ambas localidades, ambos de competencia estatal y en los que está prohibida la circulación ciclista.
Cádiz y toda su bahía presentan una geografía singular dominada por el agua. Considerada como una isla en los antiguos tratados de geografía, la ciudad se conecta hoy día con el continente a través de tres accesos viarios. Además de la autovía hacia la vecina ciudad de San Fernando, dos puentes, el José León de Carranza, inaugurado en 1969, y el de la Constitución de 1812, inaugurado en 2015, unen la capital con el municipio de Puerto Real cruzando la zona más estrecha de la bahía. La apertura al tráfico del puente de la Constitución de 1812 el pasado mes de septiembre ha supuesto la casi duplicación de la capacidad viaria de acceso a la ciudad, que ha pasado, considerando los tres accesos, de siete a trece carriles destinados en exclusiva al tráfico motorizado.
Puente José León de Carranza
El proyecto original del puente Carranza, que data de 1959, incluía espacio reservado para peatones y ciclistas y una plataforma para el ferrocarril. La reducción presupuestaria no permitió completar dicho proyecto, ejecutándose tan solo una calzada de dos carriles exclusivos para automóviles. En 2007, debido a los problemas de congestión que presentaba el puente en determinados momentos, se creó un carril reversible central eliminando los arcenes, lo que hizo inviable la ya entonces prohibida circulación de bicis. Paradójicamente, en la construcción del nuevo acceso no ha existido ni siquiera la intención de realizar un reparto de la sección viaria entre los diferentes modos de movilidad. Ni el peatón ni la bicicleta han sido considerados en ningún momento, lo que contradice abiertamente el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del propio Ministerio de Fomento, que se propone como objetivo promover una movilidad sostenible tanto desde un punto de vista ambiental como social.
El resultado final es que los modos no motorizados no tienen posibilidad alguna de circular entre Cádiz y Puerto Real, a pesar de que ambos municipios están separados por menos de un kilómetro y medio de distancia y conectados por dos infraestructuras viarias de gran envergadura. Y a pesar de los más de 500 millones de euros invertidos en el puente recientemente inaugurado. Además, justo en la zona de Puerto Real más próxima a Cádiz se localiza el campus científico-tecnológico de la Universidad de Cádiz, importantes polígonos portuarios e industriales así como la zona norte del Parque Natural Bahía de Cádiz y su red de senderos. Usos que han generado una movilidad creciente en los últimos años entre ambos municipios, especialmente por motivo de trabajo, estudios y ocio, que tienen una clara potencialidad para la movilidad ciclista. Debido a ello, la creación de una vía ciclista en el puente Carranza ha sido una reivindicación de colectivos ciclistas y universitarios desde hace años. El pasado septiembre, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, una bicifestación organizada por la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz reunió a más de 500 personas para cruzar este puente reclamando un carril bici por él.
Bicifestación por el puente Carranza durante la Semana Europea de la Movilidad 2015
El escenario actual de acceso a la ciudad de Cádiz no solo supone un claro perjuicio ambiental, al no propiciar la reducción del consumo de combustibles fósiles, ruido y emisión de contaminantes, entre otros efectos asociados a la movilidad motorizada, sino también un factor de discriminación social, al no contribuir a la movilidad autónoma de las personas que no pueden o no quieren conducir o tener un automóvil. En las sociedades industrializadas, el transporte adquiere una dimensión de medio y condicionante en la satisfacción de las necesidades humanas, ya que la obtención de los recursos básicos para la subsistencia, el acceso al trabajo, a la educación, etc. pasa de una u otra forma por el transporte de recursos materiales o de personas. En la medida en que el sistema de transportes de una sociedad no esté al alcance de todos los sectores sociales, existirá una desigualdad en la accesibilidad a la consecución de derechos y necesidades esenciales. Caminar o moverse en bici son los modos de desplazamiento que están al alcance de un sector más amplio de la población, por lo que la posibilidad de realizarlos debería ser garantizada en todo itinerario, al menos urbano o metropolitano. Se estima que el sector de población que por edad o condición física no puede desplazarse andando o en bici está en torno al 10%, frente al 48% de la población de la provincia de Cádiz que no tiene carnet de conducir.
Con objeto de paliar ese desequilibrio en las opciones de movilidad de la población, la propuesta presentada por los ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real al Ministerio prevé la eliminación del carril reversible del puente Carranza y la creación con el espacio de plataforma resultante de una doble vía ciclista y zona de tránsito peatonal segregadas del tráfico motorizado. La reducción de en torno a un 40% de tráfico en el Carranza desde la apertura del nuevo puente y la clara infrautilización de este último hacen que la eliminación del carril reversible no suponga un problema para la circulación del tráfico, que en todo caso contará con alternativas de movilidad sostenible. El que el carril bici se proponga en el antiguo puente y no en el nuevo se justifica en sus mejores condiciones para la circulación ciclista, dada su menor altura (unos 20 metros frente a los más de 80 del puente de la Constitución de 1812) y su mejor conexión con las zonas urbanas de uno y otro municipio y con las vías ciclistas existentes o previstas en ellos.